En Brasil crecen las repercusiones por un escándalo de corrupción que involucra al gobernador de Brasilia, el opositor José Roberto Arruda, acusado de haber recibido sobornos durante su campaña electoral en 2006.
"El caso es deplorable para la clase política", afirmó este miércoles el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva.
En tanto, unos 150 manifestantes, en su mayoría estudiantes, invadieron la Cámara Legislativa de la capital para exigir la salida del gobernador.
Según la Policía Federal, Arruda recibió en 2006 dinero no declarado de empresas privadas, que a su vez repartió entre partidos aliados.
La polémica surgió luego de la aparición de una grabación, ampliamente reproducida por los medios, que muestra al gobernador y a otros funcionarios recibiendo una gran cantidad de dinero.
Según Arruda, esos billetes eran destinados al pan dulce y los juguetes que el gobierno local entrega cada fin de año a las personas de bajos recursos.
Firme
Durante una conferencia de prensa, el gobernador aseguró que no renunciará a su cargo.
"Lo que fue exhibido por la televisión fue regularmente registrado y contabilizado, como fueron todos los demás ítems de la campaña electoral", señaló.
"Confiamos en la Justicia y vamos a continuar trabajando en el día a día del Gobierno", agregó, rechazando atender las preguntas de los periodistas.
Lo que fue exhibido por la televisión fue regularmente registrado y contabilizado, como fueron todos los demás ítems de la campaña electoral
José Roberto Arruda, gobernador de Brasilia
Esta no es la primera vez que Arruda es cuestionado por presuntamente faltar a la ética. En el 2001 debió renunciar a su puesto en el Senado tras admitir que había violado reglas del secreto de voto en el Congreso.
Repercusión política
En tanto, la Cámara Legislativa estudia dos pedidos de juicio político contra Arruda, que es el único gobernador que pertenece al opositor partido conservador Demócratas (DEM).
La conducción del DEM anunció que analizará la eventual expulsión del dirigente.
Según los analistas, el escándalo supone un golpe para el DEM, que aspira a designar al candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para los comicios de octubre de 2010.
Por su parte el PSDB, la principal agrupación de oposición, buscó distanciarse del caso y emitió un comunicado afirmando que sus miembros renunciarán a sus puestos en la administración de Arruda.
Reforma política
La polémica que suscitó el escándalo volvió a dar nuevo impulso a los pedidos de una reforma para reglamentar la financiación de los partidos políticos.
Así lo señaló Lula, quien reclamó la realización de una Asamblea Consituyente para tratar el tema tras las elecciones presidenciales del año próximo.
En tanto, organizaciones civiles y religiosas retomaron una campaña para prohibir que personas condenadas por la Justicia puedan presentarse como candidatos en elecciones.
La iniciativa "Ficha Limpia", que impulsa el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), propone que los condenados en primera instancia por crímenes graves o contra la administración pública no puedan presentarse en comicios.
El MCCE anunció que el próximo 9 de diciembre entregará al Congreso 100.000 firmas que se sumarán a las más de 1,3 millones que ya presentaron en respaldo de la ley.
Se estima que seis de cada 10 parlamentarios brasileños son objeto de procesos o denuncias judiciales.
Sphere: Related Content