Por Fernando Laborda
El veloz sobreseimiento de los Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito durante 2008 fue descripto como el mejor obsequio de Navidad que les podía hacer el juez Norberto Oyarbide, en tanto que la decisión del fiscal Eduardo Taiano y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de no apelar el controvertido fallo fue vista como la mejor broma del Día de los Inocentes.
Terminará siendo, sin embargo, un regalo muy caro para los integrantes del matrimonio presidencial. El costo político que pagarán ante la sociedad será seguramente mayor que el que hubieran pagado si la investigación judicial se prolongaba en el tiempo, como tantas otras causas por enriquecimiento contra ex funcionarios menemistas que llevan alrededor de una década en despachos del Poder Judicial.
La opinión pública se ha transformado en la práctica -afortunadamente, sólo en la práctica- en un tribunal más elevado que el de los propios jueces. Y el antikirchnerismo se ha convertido en un sentimiento muy arraigado en la sociedad, que se agiganta cuando las sentencias son percibidas como una consagración de la impunidad.
El Indice de Confianza en el Gobierno, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, arroja un panorama crítico. El último mes de 2009 ese índice promedió 1,04 puntos sobre 5. No sólo es el registro más bajo de la era kirchnerista. Es también el mismo puntaje que alcanzó el gobierno de Fernando de la Rúa en noviembre de 2001.
Las comparaciones pueden resultar odiosas. Ni los números fiscales ni los niveles de desempleo y de endeudamiento público son hoy similares a los de 2001.
Pero el dato sobre la caída de confianza en el Gobierno ayuda para cuantificar lo difíciles que resultarán los dos últimos años de Cristina Kirchner en la presidencia, sin un significativo apoyo popular y sin mayoría parlamentaria.
El Congreso que nació en diciembre exhibe una situación de paridad entre oficialismo y oposición que sólo concluirá en lo inmediato si se produce una ruptura en alguno de los dos sectores en disputa.
La hipótesis que se teje en el kirchnerismo es que la crisis se presentará antes en la oposición, como fruto de sus vedetismos personales, de sus diferencias ideológicas y de la capacidad del oficialismo para dividir y reinar.
Otra hipótesis se maneja en el peronismo no kirchnerista. Allí se prevé una atomización progresiva del oficialismo, a partir de una rebelión de intendentes del conurbano y de gobernadores provinciales, que estarían listos para despegarse de los Kirchner, aunque difícilmente antes de fines de 2010, dado que la capacidad de disciplinamiento desde Olivos todavía es relevante gracias al manejo de la caja.
La estrategia del Poder Ejecutivo Nacional para 2010 es seguir empleando los recursos federales en forma extorsiva para someter a los gobernadores e intendentes a sus necesidades políticas.
Pero esa estrategia enfrenta dos problemas. El primero es el incremento del costo político que hoy supone para mandatarios provinciales y comunales alinearse con los Kirchner, quienes sobre el filo del año pasado llegaron a su piso histórico en términos de imagen.
Para la consultora Management & Fitch, Néstor Kirchner concluyó con una valoración positiva del 19,7 por ciento y una percepción negativa del 61,3. Su esposa terminó con una imagen positiva del 20,1 por ciento y una negativa del 59,8. La consultora Datamática, en tanto, arrojó para la gestión presidencial una valoración favorable de apenas el 17 por ciento, cuando en marzo de 2008, al cumplirse los primeros cien días de Cristina Kirchner en la Casa Rosada, era del 41 por ciento.
El segundo problema es la debilidad en materia fiscal, dado el fuerte aumento del gasto público, que no fue acompañado por un crecimiento proporcional de los ingresos.
El telón de fondo oculta el verdadero drama: la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. Las demandas de éstas pueden resumirse en tres puntos: la existencia de impuestos no coparticipables, la delegación de obligaciones a los Estados provinciales y la presencia de la Anses como tercer socio en el reparto, que, además de los aportes previsionales, se lleva un 15 por ciento de los recursos coparticipables.
Según un trabajo del director de Economía & Regiones, Rogelio Frigerio, mientras a comienzos de la década del 90 las provincias recibían el 46 por ciento de los recursos tributarios, hoy perciben apenas el 31 por ciento, pese a soportar mayores gastos por la transferencia de los servicios de educación y de salud.
No pocos gobiernos provinciales se preparan para presentar batalla y buscarán conseguir, al menos, la coparticipación total de la recaudación del impuesto al cheque y la restitución de fondos que hoy les resta la Anses.
Veinte de los 24 distritos del país habrían terminado 2009 con sus cuentas fiscales en rojo. Esa tendencia podría profundizarse en función de las negociaciones salariales con los gremios de la administración pública y con los docentes. El temor a los desbordes en la discusión de aumentos salariales también inquieta al gobierno nacional, razón por la cual la Presidenta dio un nuevo gesto de apoyo al titular de la CGT, Hugo Moyano, y al modelo sindical centralizado de negociación colectiva. Los conflictos de Kraft y del subte reflejan lo que podría pasarnos si se multiplican las comisiones internas que pretenden reivindicaciones salariales fuera de las cúpulas gremiales, coincidieron hombres del Gobierno y del sindicalismo tradicional.
Al fantasma de la rebelión provinciana, se suma el temor a un estallido inflacionario. Nada ayudan las declaraciones de Moyano anticipando que la CGT tiene su propio Indec, el de los supermercados, las amas de casa y los trabajadores , ni las advertencias del senador oficialista Miguel Angel Pichetto en el sentido de que ni el Banco Central es un altar sagrado ni sus reservas son intocables .
Creer que todo será más fácil con el polémico decreto que crea el pomposo Fondo del Bicentenario, que habilita el uso de reservas para pagar la deuda y así poder aumentar el gasto público presupuestado, nos remite al pensamiento mágico que suponía que la Argentina podía superar sus problemas con una buena cosecha de cereales. Nos conduce al país que ha hecho de su exitismo y soberbia, como de su falta de previsibilidad y su guaranguería, valores que nos hicieron tristemente célebres en el resto del planeta.
Si los Kirchner pudieron reducir el papel del Congreso a su mínima expresión, valiéndose de superpoderes y de facultades delegadas por la emergencia económica, fue porque existía la percepción de que la economía crecía a tasas chinas y porque en nombre del crecimiento económico se perdonan muchas cosas. También porque la opinión pública mostró cierta preferencia por los liderazgos fuertes aun cuando sus tentaciones hegemónicas socavaran las instituciones.
Pero ese estado de ánimo ha comenzado a cambiar. La situación económica y social ha empeorado, y la ciudadanía reclama otro estilo y líderes moderados con capacidad de diálogo.
El flamante año del Bicentenario dirá si la pareja gobernante es capaz de reconocer límites o sigue dispuesta a aumentar el nivel de confrontación. Cuando se comprenda que las instituciones importan mucho más que los hombres, estaremos en condiciones de construir una república en serio, que vaya más allá de una pobre democracia delegativa. Sólo así el mundo dejará de asociarnos con la imprevisibilidad y, de a poco, olvidará aquel chiste según el cual, para un argentino, la infidelidad consiste en dejar de mirarse en el espejo.
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