Justicia flotante sobre una isla de juncos en Perú

Un juez de paz se instala en un islote del lago Titicaca para aplicar las leyes ancestrales de la etnia de los uros

TERESA RODRÍGUEZ (EFE) - Puno - 25/02/2009

La última novedad de la justicia peruana no es un potente instrumento informático, sino la creación de un juzgado de paz flotante, único en América, construido a base de cañas de totora sobre el lago Titicaca y al que el juez y los litigantes sólo pueden llegar en canoa. Este peculiar tribunal ha dado nombre a la isla sobre la que se ubica, Isla de la Justicia -una de las 51 islas artificiales del Titicaca-, y se ha convertido en todo un acontecimiento y pilar de esperanza para los habitantes de la zona, los uros, que hasta ahora vivían atemorizados por costumbres ajenas a su comunidad.

Perú

A FONDO

Capital:

Lima.

Gobierno:

República.

Población:

29,180,899 (est. 2008)

El recién nombrado juez de paz Carlos Lujano explica la filosofía que aplica en este peculiar tribunal: "Mi función no consiste tanto en conocer las leyes peruanas, sino en aplicar nuestra verdadera ley, que es la palabra".

Marta Cabildo Durán, esposa del alcalde del poblado Uros-Chulluni y residente en la isla desde que nació, hace 39 años, alaba la iniciativa: "Para nosotros, la instalación de este juzgado es muy importante, ya que nos va a permitir resolver nuestros problemas de acuerdo a nuestras tradiciones".

Son 500 familias descendientes de una de las comunidades más antiguas de América, los uros, que habitan desde tiempos inmemoriales en el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la región de Puno, y cuyas aguas comparten Perú y Bolivia.

Los uros son una etnia que se distingue por su piel oscura y un exceso de glóbulos rojos que les permite adaptarse a la falta de oxígeno propia de zonas muy elevadas y al clima extremo del altiplano andino -donde se halla el lago-, con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche.

Pero los uros no sólo han sobrevivido a las inclemencias del tiempo, sino que han mantenido su forma de vida a lo largo de los siglos y despertado el interés de expertos y turistas de todo el mundo, que acuden a centenares cada semana para conocer las costumbres ancestrales de este poblado. Ésta es la razón por la que se ha instaurado este juzgado. Desde hace dos semanas, el juez de paz -elegido democráticamente por los pobladores de la isla- imparte la ley de acuerdo a las costumbres y usos del medio centenar de islas y de una pequeña parte de la ribera del lago llamada Chulluni, donde también se ha instalado otro tribunal.

Según explica Marta, antes de la creación de este juzgado ella y sus paisanos "vivían intranquilos y escondidos en las islas", porque estaban "enemistados" con las autoridades de la Reserva Nacional del Titicaca y temían ir a la ciudad (Puno) para resolver sus asuntos.

Lo cierto es que este juzgado ha supuesto un gran paso para la comunidad, pese a tratarse de una pequeña choza de aproximadamente 15 metros cuadrados hecha a base de totora, sin más adorno que una de las coloridas y típicas esteras que tejen las mujeres de las islas.

En este pequeño habitáculo no hay ordenadores, ni líneas de teléfono, ni archivadores; sólo dos mesas (una para el juez y otra para su ayudante) y unas cuantas sillas para los querellantes. Pero los uros parecen estar más que satisfechos, ya que, a los 10 días de funcionamiento del juzgado, ya se habían presentado cinco pleitos.

Según el juez de paz, hasta ahora los casos tratados son disputas por dinero o tierras (en la zona de Chulluni) y por la natural fragmentación de estas islas de totora, con el consecuente desplazamiento de los restaurantes u otros bienes erigidos en ellas.

Lujano añade también los conflictos con algunos guías turísticos que, en ocasiones, dirigen a los visitantes a determinadas islas, donde previamente les han pagado un suplemento económico, dejando sin turistas, y por tanto sin ingresos, a los uros de las isletas que no entregan ese dinero extra.

El juez reconoce que la ancestral ley de la palabra, que distribuía a los turistas para que sus beneficios alcanzasen a todos los habitantes, ya es insuficiente, y los uros le han pedido que consigne por escrito el reparto del maná del turismo.

Para su función, Lujano apenas cuenta con un par de libros penales y registros notariales, obsequios de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz (Adajup) de Puno, puesto que no es licenciado en Derecho, pero asegura que estas carencias las suple con un profundo conocimiento de la población que flota sobre los juncos

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