Reunión de la Unión Canario-Venezolana del día 18 de junio | Foto: blog UCVE
- Según un líder de la oposición, el Gobierno intenta frenar la salida de divisas
- El Consulado ha desviado el problema a las autoridades en Venezuela
Burlados e ignorados por el Gobierno de la nación donde vivieron y trabajaron durante la mayor parte de sus vidas, enfrentados a todo tipo de trabas burocráticas para subsistir. Ésta es la situación de muchos de los más de 8.000 jubilados venezolanos que residen en varios otros países, España incluida.
Desde febrero del presente año no han recibido la pensión que debe pagarles el Estado venezolano. Además, se topan con otras dificultades: El Gobierno de Hugo Chávez limita la cantidad de dinero que los ciudadanos pueden sacar al exterior, lo que obstaculiza el cobro de las pensiones en Venezuela a través de terceras personas.
Además, España no ayuda: pronto les descontará a aquellos que también reciban aquí una pensión contributiva o no contributiva, la cantidad equivalente en euros que devengan de su jubilación venezolana; aquella que, precisamente, no están recibiendo.
En España, estas retribuciones son depositadas en el Banco de Santander, según un acuerdo firmado con la entidad en 2006.
María Carolina Hernández -nombre ficticio para proteger su identidad- es una de estas afectadas. Residente hoy en Asturias, desempeñó una larga vida laboral en Venezuela. Desde 2005 cobra la jubilación correspondiente de su país de origen, aunque lleva ya cuatro meses sin recibirla.
Hermetismo oficial
Hernández, además, espera obtener en julio la aprobación por parte del Gobierno español de una pensión de minusvalía, debido a una enfermedad que la incapacitó prematuramente para trabajar y que la mantiene a la espera de un trasplante de pulmón. Para hacer la solicitud tuvo que pedir en Caracas un documento llamado Vida Laboral, que tardó más de dos años en recibir. De todas maneras, poco le podría servir el nuevo subsidio, ya que dentro de poco España podría descontar de éste lo que supuestamente le abona el Estado venezolano.
El régimen de cambio de Venezuela dificulta a sus ciudadanos sacar al exterior pagos cobrados por terceros
Hernández fue una de las primeras en alzar la voz en España. Ha contactado varias veces, al igual que otros pensionistas, con el Consulado de Venezuela en Vigo, sin recibir respuestas concretas. "Siempre me dicen lo mismo: que ya casi está, que esperemos", relata.
En el Consulado, únicamente les proporcionan a los afectados el número telefónico de Carmen Arboleda, directora del Centro de Pensiones al Extranjero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), órgano perteneciente al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y encargado de tramitar los pagos de pensiones. La funcionaria no atiende el teléfono.
A través de la Unión Canario-Venezolana, muchos pensionistas residentes en Canarias denunciaron la misma situación. El 18 de Junio celebraron una reunión en la cual confirmaron alrededor de 40 casos en las islas. El presidente de la organización, Agustín Rodríguez, informó que el presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, estuvo en España junto con Carmen Arboleda desde el día 21 hasta el 26 de Junio, enviando delegaciones a los consulados de Madrid, Vigo y Santa Cruz de Tenerife.
Los pensionistas, sin embargo, relataron que que durante aquellos días hubo únicamente un operativo de emisión y renovación de pasaportes, y que de las pensiones y los funcionarios visitantes no supieron nada.
"Creemos que se trata de una medida política para restringir la salida de las divisas"
Por su parte, Alfonso Ramos, coordinador general para el Exterior del grupo opositor a Chávez Primero Justicia, reveló que existen también casos en Florida, Texas y California. "El Consulado no se hace cargo de nada, y menos si se trata de asilados políticos o de ciudadanos con nacionalidad estadounidense", expuso.
Juan José Molina, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el también opositor partido PODEMOS, afirmó que su agrupación ha recibido 14 denuncias de España y una de Canadá, y comunicó que ha intentado infructuosamente conseguir una audiencia con Rotondaro para poder hacerle un seguimiento en el legislativo a este problema.
"Creemos que se trata de una medida política para restringir la salida de las divisas que se necesitan para cubrir los programas sociales del Gobierno, el cual ha visto su presupuesto afectado por la caída de los precios del petróleo. Todo esto ha sido agravado por la falta de previsión y el despilfarro del régimen", expuso Molina, y añadió: "Sabemos que hay problemas con CADIVI (el ente estatal que gestiona el control cambiario)."
Situación desesperada
Elena Cristina Gutiérrez -nombre ficticio para proteger su identidad- también se encuentra en una situación desesperada. Tanto ella como su padre, que ronda los 90 años, son pensionistas. "A mi padre le deben 18 meses de cuando le depositaban en Venezuela y cuatro del (convenio con) el Santander", manifestó. Ella acaba de recibir la aprobación de su jubilación venezolana, dos años después de pedirla.
Gutiérrez exhorta al Gobierno español a tomar cartas en el asunto. "No deberían descontarnos las pensiones de aquí hasta que comprueben que ya hemos recibido las de allá. Nosotros estamos aquí, pagando impuestos aquí", recuerda. "España debería, más bien, presionar para que se cumplan los convenios internacionales."
"España debería presionar para que se cumplan los convenios internacionales"
Las irregularidades son insólitas. Por ejemplo, cuando se concretó el acuerdo con el Santander, Marina y Carlos Rengifo, una pareja de afectados, le entregó un poder al IVSS para que cerrara las antiguas cuentas bancarias en las que recibían los subsidios en Venezuela. Poco después comenzaron a percibir los pagos en España, pero las mensualidades acumuladas en Caracas nunca fueron transferidas ni tampoco estan ya en la cuenta venezolana. Además, en febrero dejaron de recibir sus abonos.
elmundo.es intentó ponerse en contacto con la Embajada de Venezuela, donde un empleado español afirmó tener instrucciones de referir todas las quejas a los respectivos consulados. En el Consulado de Madrid, por su parte, responde siempre la mensajería de voz, mientras que en el de Vigo ni siquiera hay tono de línea.
En Canarias, un empleado venezolano del Consulado aseguró que éste no tiene autoridad para emitir información, e instó al diario a contactar con la Embajada, con el IVSS o con Carmen Arboleda. Ninguna de las mencionadas instituciones ha respondido correos electrónicos ni faxes.
"La cuerda la rompen por su parte más floja. Esa somos nosotros" indicó Hernández, refiriéndose a que la mayoría de los emigrantes venezolanos son opositores al régimen de Hugo Chávez y que, por lo tanto, la morosidad podría tener tintes de medida política. "Además de rezar, mi amor, no sé que otra cosa podemos hacer", dijo Gutiérrez, resumiendo con su frase las expectativas inmediatas de este colectivo, tan vulnerable y con tanta dificultad para presionar, y poseedor de una paciencia de la que es inhumano abusar.
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