Toma tequila y fuma a los 111 años

Julieta Martínez
El Universal
Sábado 31 de mayo de 2008

SAN QUINTÍN, BC.— Don Enrique Quintero Medina obtuvo su primer acta de nacimiento a un mes de que cumplió 111 años. Con el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sus hijos tramitaron el documento para gestionar alguna ayuda gubernamental.

El hombre, casi ciego y afectado del oído, pero con la lucidez para advertir que a su edad el documento no le servirá de mucho, revela que entre sus gustos “aún puede disfrutar del cigarro, tequila del bueno y cantar corridos de principios del siglo pasado”.

Mientras muestra el acta que registra su nacimiento, el 15 de abril de 1897, en Badiraguato, Sinaloa, pregunta: “¿Ya para qué?”, sobre la utilidad del papel.

La ayuda servirá de mucho, dice una de sus hijas, quien a sus 75 años afirma que su padre tiene mejor vista y considera que la buena salud es producto de su trabajo en el campo.

Sin embargo, el contar con un documento que por fin lo incluirá en la estadística de mexicanos, no es garantía de que obtendrá recursos oficiales. Los trámites tardan y deben hacerse en la delegación Camalú, Ensenada, a 500 kilómetros de Tijuana.

La insalubridad de su hogar, del sillón donde ve pasar la mayor parte del día, no refleja tanto la miseria de su economía, como las condiciones de la cocina, donde el único alimento que se observa consiste en tomates y tres latas de atún, junto a botellas de limpiadores y cajas de galletas vacías.

Silvia Vásquez Camacho, coordinadora del Programa de Derechos Sociales y Económicos de la procuraduría, explica que el caso de Quintero es una muestra del rezago que existe en el valle agrícola de Ensenada, donde se calcula una población de 80 mil personas, la mitad de ellos jornaleros agrícolas de origen indígena.

Sin identidad

Tras un estudio, el organismo detectó que al menos 2 mil personas, entre niños, adultos y ancianos, carecen de acta de nacimiento y casi 50%, nacidos en Baja California.

Además de la violación a su derecho de contar con una identidad, de paso se les niega la posibilidad de acceder a la educación, la salud y otros servicios, porque simplemente no existen, afirmó la funcionaria.

Parte del rezago se debe a la ignorancia de los padres, pero también a las trabas de las autoridades, que se limitan al contenido de leyes, sin considerar como excepciones las situaciones de origen fuera del estado o la ca rencia de avisos de nacimiento cuando ocurren en casas particulares.

El caso de Josefina José González, de 43 años, es reveladora.

Nació en un pueblo de Oaxaca y hace varias décadas vive en el poblado Vicente Guerrero, donde trabaja de jornalera agrícola y gana 700 pesos semanales que apenas le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Uno de sus tíos, el último pariente con quien tuvo contacto, le envió hace cinco años un registro de inexistencia en Oaxaca, pero el documento llegó un año después, seis meses después de que había vencido, pues tenía vigencia de medio año.

Lo lejano de su poblado de la cabecera municipal hace imposible la comunicación, incluso, a través de las vías institucionales, así que en la oficina del Registro Civil de su actual domicilio le advirtieron que “si ya esperó tanto, puede seguir esperando”.

Vásquez criticó lo intransigente de las leyes y acusó que mientras a los jornaleros les bloquean su registro, por otro lado las autoridades son laxas para entregar credenciales para votar.

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