Por qué los médicos no se quieren vacunar

Los recelos de los médicos ante la vacuna aumentarán el número de dosis sobrantes

Pueden sobrar más de 25 de los 37 millones de unidades de producto adquiridas por sanidad para inmunizar a la población de riesgo frente a la gripe a. los primeros que no quieren recibir el pinchazo son los profesionales sanitarios. según las encuestas, en torno al 70%, o incluso más, declinará la oferta

MARÍA SÁNCHEZ-MONGE

Javier Marco es uno de los pocos médicos que tiene claro que se va a inmunizar. / GONZALO ARROYO El inicio de la campaña de vacunación frente al virus A/H1N1 ha desatado el debate sobre la negativa de los médicos y otros profesionales sanitarios a seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Desconcertados, los pacientes se preguntan si les conviene aceptar algo que rechazan quienes les atienden. Sin embargo, las reticencias de la mayoría de quienes trabajan en los hospitales y centros de salud españoles tienen poco que ver con la seguridad y mucho con la tradicional resistencia de los galenos a protegerse frente a la gripe estacional. Cinco doctores 'rebeldes' y otros tantos individuos que van a vacunarse han explicado a SALUD las razones que han guiado su decisión. El internista Javier Marco, del Hospital Clínico de Madrid, y el cirujano Pedro Cavadas, responsable del primer trasplante de cara en España, representan las dos caras de la moneda. El primero ha dado el sí porque lo considera una responsabilidad. El segundo ha dicho que no por su condición de «ácrata sanitario». / PÁGINA 4 VIENE DE PÁG. 1/ Si la pregunta 'de moda' hace unos meses era «¿estás en un grupo de riesgo?», ahora ha pasado a ser «¿te vas a vacunar?». Antes se contaban por millones quienes querían pertenecer al colectivo de personas con derecho a recibir el pinchazo frente al virus A/H1N1, pero en estos momentos son muchos los pacientes que, a pesar de presentar enfermedades que les hacen más proclives a sufrir complicaciones en caso de contraer la gripe A, dudan sobre la conveniencia de ser inmunizados. ¿Qué ha motivado este cambio de parecer? Pasada la alarma inicial, la ciudadanía ha tomado conciencia de que se trata de una enfermedad leve, con una mortalidad inferior, incluso, a la de la gripe estacional. A esa constatación se une una percepción de que la vacuna no es del todo segura y la creencia de que, si muchos profesionales sanitarios no se la van a poner, por algo será. No obstante, la mayoría de los médicos y enfermeras reticentes a inmunizarse alegan que se trata de una decisión personal que no responde a las características del producto, que ha pasado todos los controles sanitarios. En definitiva, señalan que sí se vacunarían si tuviesen algún factor de riesgo (enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes, obesidad mórbida...). GRIPE ESTACIONAL Muchos expertos se han llevado las manos a la cabeza al comprobar el escaso porcentaje de trabajadores de la sanidad que están dispuestos a inocularse la vacuna. Sin embargo, la cifra de 'objetores' de esta temporada será muy similar a la de quienes declinan protegerse frente a los virus gripales que nos visitan cada año: entre el 60% y el 70%. Las encuestas más optimistas señalan que en torno a la mitad de los sanitarios se vacunará frente a la nueva gripe, pero otras reducen la cifra a apenas el 30% o, incluso, menos. Sanidad adquirió un total de 37 millones del producto porque en un principio se pensó que iban a ser necesarios dos pinchazos para cada persona. Los ensayos clínicos han demostrado que sólo se precisa uno. Por lo tanto, únicamente se emplearán 10 millones de unidades para inmunizar a otras tantas personas que pertenecen a grupos de riesgo y colectivos diana, entre los que se encuentran, entre otros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los facultativos y el personal de enfermería. Pero, puesto que la vacunación es voluntaria y no goza de demasiados adeptos en ciertos sectores, Sanidad puede encontrarse con unos excedentes de más de 25 millones de viales. Los motivos por los que menos del 50% de los trabajadores de los hospitales y centros de salud está dispuesto a seguir las recomendaciones del departamento que dirige Trinidad Jiménez son diversos. No consideran que tengan una probabilidad de transmitir la enfermedad mayor que cualquier otra persona; juzgan que la decisión de incluirlos en la cobertura vacunal responde a intereses más políticos que sanitarios; consideran que el dinero que se ha empleado para este fin podría dedicarse a otras patologías más graves; algunos opinan que el producto no ha sido suficientemente probado en ensayos clínicos. RESPONSABILIDAD ÉTICA La otra cara de la moneda la ofrecen los representantes sanitarios que ven escandalosa la actitud de sus colegas 'rebeldes'. Es el caso de Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, quien recibió el pinchazo de la vacuna de la gripe A ante los medios de comunicación para dar ejemplo a sus compañeros de profesión. «Este panorama no es una novedad. Los profesionales sanitarios siempre nos hemos creído por encima del bien y del mal», afirma. «Te acostumbras tanto a trabajar con riesgo que se te olvida que existe», agrega. «Somos los que estamos recibiendo a las personas enfermas y podemos ser transmisores de la infección a pacientes mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos», subraya el enfermero. En su opinión, Sanidad podría haber optado por obligar jurídicamente a los sanitarios a inmunizarse, tal y como ha hecho Estados Unidos, para evitar que el sistema sanitario se resienta si contraen la infección muchos trabajadores al mismo tiempo. En todo caso, subraya que para él se trata de un deber «desde el punto de vista ético». Tanto González Jurado como el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Luis Aguilera, coinciden en señalar que el hecho de que las tres vacunas que se han aprobado en España cuenten con el visto bueno de las agencias nacional y europea del medicamento es garantía suficiente de su seguridad. Aguilera también se va a vacunar por su condición de «profesional sanitario en contacto con enfermos». La necesidad de cortar la diseminación de la pandemia es una de las razones que aduce Javier Haya, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid, para inyectarse el medicamento. Lo mismo opina Juliana Fariña, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, quien aleja cualquier temor sobre las sustancias que se han añadido al producto para que sea capaz de provocar una mayor respuesta inmune (adyuvantes). «Tienen algo que no gusta: que producen mayor dolor y reacción local», puntualiza. El debate sobre los efectos adversos de dichos componentes químicos, que en España no se incluirán en las vacunas que van a recibir las embarazadas, sigue abierto. Así, un sondeo realizado en Alemania reveló que sólo el 12% de los ciudadanos de dicho país tenía intención de inmunizarse frente al virus A/H1N1 por las reservas de los expertos respecto a la seguridad de los adyuvantes. El presidente del Colegio Alemán de Médicos Generales y de Familia declaró hace unas semanas que una de las vacunas no ha sido lo suficientemente probada para ser administrada a millones de personas, especialmente niños y mujeres embarazadas. Albert Jovell, médico y presidente del Foro Español de Pacientes, no comparte ese temor. De hecho, fue de los primeros en vacunarse el lunes pasado. Lo hizo, explica, por responsabilidad institucional y porque tiene plena confianza en sus compañeros de Medicina Preventiva que han desarrollado esta inmunización «valorando sus riesgos y beneficios». ADMINISTRACIÓN POR LEY Aunque se trate de una enfermedad que curse con síntomas leves en la mayoría de los casos, Jovell considera que la sanidad no se puede permitir una epidemia de bajas. «La población no puede llegar a unas urgencias que estén desatendidas», alega. El carácter benigno de la patología es, precisamente, la principal razón por la que el Ministerio ni siquiera se ha planteado la obligatoriedad de la inmunización. En cambio, Estados Unidos sí que lo ha hecho, para satisfacción de algunos especialistas y disgusto de otros. Alexandra Stewart, de la Universidad George Washington, comenta en el último número de 'The New England Journal of Medicine' la pertinencia de esta medida. Cree que el Gobierno y los órganos jurídicos deben tener en cuenta la autonomía personal de los profesionales sanitarios, reconocida en la Constitución estadounidense, pero, en caso de que se presenten demandas judiciales, no sería la primera vez que los tribunales dan preferencia a la salud de los pacientes. Texto elaborado con información de Ángeles López, Laura Tardón y María Valerio.

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