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quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

Venezuela: Chávez intervino otros tres bancos



La Superintendencia de Bancos argumentó que "InverUnion Banco Comercial", "Banco Del Sol Banco de Desarrollo", y "Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo", presentaban problemas administrativos y gerenciales "graves". En los últimos tres meses, once instituciones financieras pasaron a manos del Estado venezolano.


El gobierno de Venezuela intervino el lunes a "puertas cerradas" los bancos Mi Casa, del Sol e InverUnión por presentar problemas administrativos y gerenciales "graves", informó la Superintendencia de bancos. Con estas medidas se elevan a 11 las instituciones que han pasado a manos del Estado en menos de tres meses.

En un comunicado, la Superintendencia dijo que acordó la intervención a "puertas cerradas" de InverUnion Banco Comercial, Banco Del Sol Banco de Desarrollo, y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, por presentar "problemas administrativos y gerenciales graves que han desembocado en una situación de iliquidez que no les permite cubrir sus obligaciones en el corto plazo".

Mi Casa e InverUnión son propiedad del banquero Gonzalo Tirado, quien es señalado de tener relaciones con funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez. Las compras de los dos instituciones que realizó Tirado el año pasado fueron cuestionadas por la Superintendencia de bancos, que exigió información sobre el origen de los fondos de las transacciones.

En el caso de InverUnión, el gobierno acordó revertir la venta y regresar la institución a manos de su anterior dueño, el ex banquero Ignacio Salvatierra, pero el proceso no se concretó, según reportaron diarios locales.

Tirado desarrolló gran parte de su carrera en el mercado de capitales local y coordinó una emisión de bonos por 650 millones de dólares que realizó la estatal Electricidad de Caracas en el 2008, la cual fue investigada por la Asamblea Nacional a raíz de denuncias de supuestas irregularidades.

El banquero también laboró en el desaparecido Stanford Bank S.A de Venezuela, que fue intervenido el año pasado a raíz de un caso de fraude que se descubrió en Estados Unidos en el que resultó implicado el banquero texano Robert Allen Stanford.

El Banco del Sol es una entidad dedicada a otorgar crédito a microempresarios, el cual surgió a raíz de la promulgación en Venezuela hace unos cinco años de una normativa que obliga a los bancos a destinar parte de sus préstamos a microcréditos.

Las tres instituciones no emitieron comentario de momento sobre la medida de intervención.

El organismo supervisor justificó la medida alegando que lo se busca es "garantizar el saneamiento del sistema bancario y financiero".

El gobierno aseguró que el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) garantiza más del 95% de los depósitos de unos 165.450 clientes de las tres entidades, que controlan cerca del 1,5% del mercado local.

La Asamblea Nacional aprobó el mes pasado una reforma a la ley de bancos que elevó la garantía de los depósitos de 10.000 bolívares fuertes (unos 4.651 dólares) a 30.000 bolívares fuertes (unos 13.953 dólares).

Entre noviembre y diciembre pasado el gobierno intervino los bancos Canarias, Confederado, ProVivienda (BanPro), Bolívar, Central, Real y Baninvest y BanNorte, por incumplir las normas del sistema.

Las autoridades reabrieron a finales de diciembre Bolívar, Central y Confederado y los fusionaron para crear la entidad estatal Banco Bicentenario. El gobierno decidió la semana pasada rehabilitar BaNorte. En los casos de Canarias y BanPro se decidió liquidarlos.

La Superintendencia de bancos anunció el lunes que acordó también la liquidación de Baninvest y Real debido a la "crítica situación económica, financiera, patrimonial y legal" que presentan.

Tras las intervenciones de esas instituciones fueron detenidos nueve directivos y accionistas de los bancos y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Antonio Márquez.

Con las intervenciones de las once instituciones, más la adquisición del Banco de Venezuela que realizó el gobierno el año pasado, el Estado pasó a manejar cerca de 27% del mercado financiero local.


Fuente: AP




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