El abogado Enparantza sugirió a ETA que atentara contra Urkullu, según el juez

Marlaska envía a prisión al letrado, así como a Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y otras dos detenidas por actuar como enlaces de la banda

Landa, Jauregi, Etxabe, Gallastegi y 'Pitxas' salen en libertad, algunos bajo fianza

El abogado de presos de ETA Jon Enparantza sugirió a la dirección de la banda que atentara contra el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, según consta en el auto de prisión dictado ayer por el juez Fernando Grande-Marlaska, basándose en una carta intervenida a la organización terrorista y presentada ante la Audiencia Nacional por la Guardia Civil. La misiva está firmada con el alias 'Mik Mik', que el instituto armado atribuye a Enparantza, y fue redactada en enero de 2009, apenas un mes después del asesinato del constructor Inaxio Uria en Azpeitia.

En el texto, el autor de la misiva afirmaba que «lo del caso Uria» había supuesto «un duro impacto social», pero que habría tenido una mayor repercusión «si el objetivo hubiera sido Urkullu». El firmante apostaba por atentar contra el PNV porque «hay que destrozarles psicológicamente». «No hemos tocado a los responsables políticos principales; hay que acertar, hay que darles, darles, darles», añadía la carta. Nada más conocerse este texto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el consejero vasco Rodolfo Ares contactaron con el dirigente nacionalista para informarle.

El contenido de la misiva es uno de los datos de la acusación que trascendieron ayer como consecuencia de la puesta a disposición judicial de los tres abogados detenidos por la Guardia Civil la semana pasada y de otras siete personas acusadas de formar parte de la estructura 'Halboka', encargada del control de los presos y de las comunicaciones de éstos con la dirección de ETA. Todos ellos comparecieron ante Grande-Marlaska, que anoche acordó el ingreso en prisión de cinco de los diez acusados, según informaron fuentes jurídicas.

El magistrado envió a la cárcel a los abogados Jon Enparantza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegi, así como a Saioa Agirre Arauco y Naia Zuriarrain Mendiguren, que trabajaban en sus bufetes. Tras más de siete horas de interrogatorios, acordó la libertad de Juan María Jauregi Zalakain y Asier Etxabe Azkue bajo fianzas de 30.000 y 12.000 euros, respectivamente, e impuso comparecencias judiciales a Erramun Landa Mendibe y José Luis Gallastegi Lagar. A los nueve les imputa un delito de integración o colaboración con organización terrorista. Al décimo detenido, el ex etarra Domingo Aizpurua Aizpuru, alias 'Pitxas', el fiscal no le atribuyó ningún delito, puesto que ya fue condenado en Francia por asociación de malhechores.

Landa Mendibe, hermano del histórico dirigente de Batasuna Karmelo Landa, y Gallastegi Lagar, que fue miembro del comando Barcelona de ETA, abandonaron la Audiencia Nacional alrededor de las tres de la tarde, entre los aplausos de una decena de familiares y amigos que les recibieron con besos y abrazos.

El auto considera que de las investigaciones se puede concluir la pertenencia de los imputados a la estructura 'Halboka', que «coordinaba la disciplina sobre los presos, daba indicaciones sobre posibles objetivos y gestionaba el denominado impuesto revolucionario». Según el juez, desarrollaban en relación con los internos de la banda unas labores que «iban más allá de las loables funciones de defensa ejercidas con carácter complementario». En cuanto a los objetivos, además de a Urkullu habrían 'marcado' a otros cargos del PNV. En el despacho de Zulueta se habrían encontrado «informaciones relativas a tres vehículos, a sus ocupantes y los itinerarios utilizados por los mismos», y Enparantza habría enviado a ETA datos de «tres vehículos que podrían corresponder a escoltas de cargos públicos».

La Guardia Civil localizó algunos de estos documentos en los bufetes de los abogados, escondidos en forma de «canutillos» en los lugares más inverosímiles, como un secador de manos de un baño, una percha o la estructura de una silla. En el domicilio de Juan María Jauregi se hallaron 44.000 euros, y a Asier Etxabe se le incautaron otros 72.000, cantidades que los investigadores vinculan con el cobro del denominado impuesto revolucionario, en el que los letrados «participaban activamente».

«Vínculos estrechos»

Los diez sospechosos fueron detenidos el pasado miércoles en Vizcaya y Guipúzcoa y entre las acusaciones figuraba la de facilitar información sobre posibles objetivos. Entre ellos se encontraría el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró en una rueda prensa que alguno de los arrestados transmitió datos sobre su persona «con las peores intenciones». La operación fue posible gracias a la documentación intervenida al ex jefe político militar de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry', que fue detenido en Burdeos (Francia) el 20 de mayo de 2008.

Según fuentes de la lucha antiterrorista, Arantza Zulueta habría utilizado en sus comunicaciones con la banda, los alias de 'Matraka', 'Marxel' y 'Bixer', que iba cambiando a medida que caían dirigentes del aparato político etarra. El fiscal le acusa de mantener comunicaciones mensuales con ETA y tener «vínculos estrechos» con dos de sus ramas, 'Halboka' y 'Gezi', el aparato de extorsión. De hecho, se le culpa de participar en el cobro de determinadas cantidades procedentes de la extorsión a empresarios y de actuar como enlace entre activistas 'legales' -no fichados- y la dirección de ETA.

La abogada, además, está acusada de actuar de 'correo' del comando Vizcaya entre 2007 y 2008, cuando al frente del grupo se encontraba Jurdan Martitegi. Saioa Aguirre, otra de las detenidas y novia de Martitegi, admitió que había sido intermediaria en el intercambio de mensajes entre éste y Zulueta.

En el caso de Jon Enparantza se indica que, desde hace años, mantenía una «comunicación muy fluida» con ETA y tenía un papel importante en 'Halboka', además de realizar labores de enlace entre la cúpula terrorista y otros colaboradores legales, de participar en la gestión de la extorsión y pasar a ETA informaciones sobre objetivos. En un soporte informático incautado al letrado se encontraron documentos intercambiados entre él y la dirección etarra.

Al tercer abogado, Iker Sarriegi, se le atribuye el apodo de 'Gabai', que corresponde a una persona que canaliza notas de los terroristas, interviene como intermediario en la extorsión y aporta informaciones sobre empresas. En el registro posterior a su arresto, los agentes le intervinieron un acta de una reunión del comité ejecutivo de ETA, lo que lleva a la Guardia Civil a resaltar la relevancia que se le atribuye en el seno de la organización terrorista.

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

[ Download ]

Sphere: Related Content