JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 22/06/2008
Más de mil policías brasileños participaron el viernes en una gran operación anticorrupción en la que resultaron detenidas 26 personas entre empresarios y funcionarios, acusados de haber desviado dinero del Estado en las obras del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) en 118 alcaldías de siete Estados de Brasil.
Según la policía, los diputados estatales y federales involucrados en el escándalo se llevaban el 10% de la facturación de las obras, realizadas en muchos casos con materiales de ínfima calidad. Entre los detenidos figuran cuatro altos funcionarios del Ministerio de las Ciudades, del Tesoro Nacional y de la Compañía de Desarrollo de Vale do São Francisco.
La policía requisó documentos en los despachos del Parlamento de dos diputados federales: João Magalhães, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y Ademir Camilo, del Partido Democrático del Trabajo (PDT), ambos aliados del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Según las pruebas recogidas por la policía, existen indicios suficientes para procesarlos. Además de las 26 detenciones, se emitieron 231 mandatos de búsqueda y captura; se investigaron 200 obras, y han aparecido involucradas 63 empresas de construcción.
Los detenidos habían creado un esquema de desvío de dinero público con sede en Minas Gerais, pero que actuaba en toda la nación. El ministro de Justicia, Tarso Genro, de quien depende la policía que llevó a cabo la operación, afirmó ayer que los fraudes no están relacionados con la estructura del PAC, como se había denunciado. En el Gobierno de Lula “existe una lucha sin cuartel contra la corrupción”, comentó el ministro.
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