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Uno de los acusados es José Sarney, aliado del presidente Lula.
Hastiados con la corrupción y la impunidad de los políticos, más de un millón de brasileños presentaron una propuesta al Congreso de su país este miércoles, para prohibir que personas condenadas por la Justicia puedan presentarse como candidatos en elecciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, recibió el proyecto de ley firmado por más de 1,3 millones de personas. En él, los ciudadanos piden que se modifique la ley actual, que sólo inhabilita a quienes recibieron una sentencia definitiva.La iniciativa “Ficha Limpia”, que impulsa el Movimiento Combate a la Corrupción Electoral, propone que los condenados en primera instancia por crímenes graves o contra la administración pública no puedan presentarse en comicios.
También veda a quienes enfrentan una denuncia del Ministerio Público (la Procuraduría General) que haya sido aceptada por un tribunal.
Los organizadores de la propuesta esperan que ésta excluya de las elecciones generales del año próximo al gran número de legisladores brasileños que enfrentan cargos ante la justicia.
Se estima que seis de cada 10 parlamentarios brasileños son objeto de procesos o denuncias judiciales.
En el Congreso
La iniciativa también se enmarca en un cuadro general de fastidio con los miembros del Congreso, que han sido protagonistas de una serie de casos de corrupción y abuso de poder denunciados desde la prensa.El principal acusado es el presidente del Senado, José Sarney, quien logró hacer frente a los fuertes pedidos de renuncia gracias al apoyo que recibió del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
Al recibir el proyecto este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que se dará tratamiento especial a la iniciativa, aunque desestimó que vaya a aprobarse tal como fue presentada.
Tamer consideró más probable que la ley actual sea modificada para que sean inhabilitados quienes fueron condenados por un colegiado de jueces, la segunda instancia judicial en Brasil.
El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, ya rechazó un pedido de prohibir participar en las elecciones a los convictos en primera instancia.
El argumento usado es que tal prohibición constituiría un atentado contra la presunción de inocencia, de la que cualquier acusado es beneficiario.
Sin embargo, representantes de las 43 entidades civiles que impulsan la propuesta –entre ellos la Conferencia Episcopal de Brasil- afirmaron que la presunción de inocencia, a la que aludió el STF en su fallo, es un principio del Derecho Penal, y tiene menos peso en el Derecho Electoral, donde el interés general de la sociedad debería imponerse ante el derecho individual.
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