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Publicado Lunes, 14-09-09 a las 01:25
La coca ya no es un simple arbusto tradicional de Bolivia, es un «patrimonio cultural» protegido por el Estado desde que en enero de este año entró en vigencia la Constitución Política que impulsó el gobierno de Evo Morales, presidente no sólo del país, sino también de la Federación de Cocaleros de Cochabamba, la principal organización sindical de productores de la hoja.
Morales es el mayor ejemplo la influencia que tiene la coca en los espacios de poder en el país. Además de él, existen ministros, parlamentarios, alcaldes y concejales municipales que surgieron desde los sindicatos de cocaleros.
Es el caso de Reynaldo Calcina Luna, alcalde de La Asunta, municipio que está ubicado en el trópico de La Paz y que según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga es el lugar donde se registró el mayor incremento de cultivos de hoja de coca el 2008: 16% respecto a las 4.688 hectáreas que producía un año antes. La Asunta es una población que hace unos años subsistía de la producción de frutas, pero ahora sus tierras son utilizadas para la siembra de coca. El crecimiento de las plantaciones es tal, que en el último año su precio bajó un 50%.
La ley antidroga de Bolivia permite un máximo de 12.000 hectáreas de cultivo entre La Paz y Cochabamba, pero actualmente las plantaciones alcanzan las 28.900, pese a que cada año se destruyen un mínimo de 5.000. En la región de los Yungas, que es donde se encuentra La Asunta, existen cinco municipios y en todos se planta coca para el consumo tradicional. Todos tienen como máxima autoridad a un alcalde que salió de los sindicatos cocaleros y que fue electo por el Movimiento al Socialismo (MAS) partido que Morales fundó hace 14 años.
Como ocurre en los Yungas, en el trópico de Cochabamba existen también siete municipios conducidos por alcaldes masistas, Morales es el presidente de la organización que aglutina a las siete federaciones de cocaleros de la zona. Su Gobierno quiere cambiar la ley antidroga para elevar a 20.000 las hectáreas permitidas legalmente y erradicar el resto, unas 8.900, pero hasta ahora no pudo poner en marcha este proyecto. En el Congreso existe una bancada cocalera compuesta por cinco legisladores y el Viceministerio de Defensa Social (encargado de la lucha contra el narcotráfico) está en manos de Felipe Cáceres, dirigente cocalero de Cochabamba. Por ahora, aprobó un decreto que autoriza a los 40.000 afiliados a las federaciones cocaleras a plantar un cato de coca por familia (extensión de 40 por 40 metros) que se traduce aproximadamente en 8.000 hectáreas.
Salvavidas económico
Pero la coca no sólo influye en la política boliviana, sino también en la economía. La Fundación Milenio presentó hace una semana un informe sobre el estado de la economía en el país, según el cual existen indicios suficientes para suponer que el narcotráfico se convirtió en un colchón financiero de la economía boliviana que le permitió amortiguar los efectos de la crisis internacional
«La actividad ilícita del narcotráfico ha crecido fuertemente y dado su efecto multiplicador es posible que esté amortiguando la crisis, porque genera empleo y genera ingreso, porque esta actividad es transversal y tiene que ver con avicultura, con la manufactura, tiene que ver con importaciones, con transporte, con servicios, etc.», explicó el analista económico y presidente de la Fundación, Napoleón Pacheco.
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