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El paro que dura ya 36 días ha bloqueado sentencias sobre 160.000 procesos
ELPAÍS.com/EFE - Madrid/Bogotá - 10/10/2008
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha decretado el estado excepción para atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que ha cumplido ya 36 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos. El mandatario ha explicado, en un mensaje al país, que decidió aplicar la medida después de que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el 3 de septiembre y que no aceptaron las subidas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Uribe ha alertado de la gravedad de la situación que vive el país por "la cantidad de delincuentes que han quedado libres o a punto de volver a las calles". Entre esos condenados se encuentran los responsables del secuestro y asesinato en 2006 de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria. Por su parte, el ministro del Interior, Fabio Valencia, ha declarado que el estado excepción busca otorgar al consejo superior de la judicatura unas facultades extraordinarias para garantizar la descongestión de los despachos afectados por el paro.
Sigue el diálogo
El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".
Este viernes, Uribe ha tomado la decisión y los primeros dos decretos expedidos al amparo del estado de excepción han sido para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos. A pesar de la medida, el mandatario ha asegurado que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.
El presidente colombiano aplicó por primera vez el estado de estado de excepción tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.
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