BOGOTA (AP) - Colombia padece gripe porcina en materia de corrupción y aunque se trabaja en crear un antivirus, aún se requiere un esfuerzo enorme en el fomento de una cultura ciudadana para combatirla, dijo el director del programa presidencial de lucha contra el delito Oscar Ortiz.
En asunto de corrupción "no tenemos la gripa corriente; tenemos la 'corrupción AH1N1'. Tenemos organizaciones armadas ilegales, que corrompen a bala, tenemos narcotráfico, lavado de activos... Colombia no confronta el fenómeno de corrupción ordinaria", afirmó en una entrevista publicada el domingo en el diario El Tiempo.
"Lo importante, y es en lo que estamos empeñados, es generar unos antivirus propios; unirnos gobierno, estado y sociedad, y hacer un esfuerzo enorme en cultura ciudadana para combatirla", agregó el llamado zar anticorrupción.
La oficina fue creada por decreto presidencial en 1998 y han pasado por varios directores que carecen de funciones judiciales y se concentran en el diseño de políticas para combatir malas prácticas administrativas.
Ortiz indicó, por ejemplo, que trabajan en la redacción de un "manual" que enumere las "distintas modalidades de trampas que hay en materia de contratación... en el tema electoral y de salud", entre otras, de manera que todas las instancias oficiales conozcan esas trampas y las eviten.
Aseguró, por ejemplo, que a partir de una investigación de una universidad y análisis propios "encontramos que el promedio de un soborno para acceder a la contratación pública es del 12,9%".
Al calcular el impacto de ese porcentaje de soborno en el presupuesto estatal de inversiones para un año, que fue de 30 billones de pesos (unos 15.000 millones de dólares) en el 2009, el resultado fue de 3,9 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), indicó Ortiz.
El funcionario, sin embargo, no precisó si tal cantidad pudo haber sido pagada a qué cantidad o nivel de funcionarios públicos o si finalmente los contratos fueron otorgados y ejecutados o si alguien ha sido sancionado.
No obstante, destacó que su despacho ha conseguido detectar irregularidades en contratos estatales en 2009, cuyo cantidad y volumen de recursos no cuantificó, y que han sido suspendidos precisamente por esas ilegalidades que van desde sobrecostos hasta robo simple de los recursos asignados.
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